El prefecto Clemente Bravo se pronunció sobre los reclamos y exigencias que en los últimos días ha realizado la dirigencia sindical de la institución, y que ha desencadenado una serie de marchas que, según la autoridad orense, no tienen ningún fundamento jurídico.
El titular del Gobierno Provincial manifestó que el reclamo actual obedece a deudas contraídas por administraciones anteriores correspondientes a contratos colectivos, a las cuales calificó como deudas heredadas y asegura que desde el día que inició su gestión, todos los servidores de la institución, incluido los obreros, se encuentran al día en sus remuneraciones; y detalló que hasta la presente fecha el GADPEO ha cancelado 9’283.935 dólares que corresponde a:
El prefecto Clemente Bravo aclaró que apenas asumió la administración de su mandato canceló el Décimo Quinto Contrato Colectivo en un monto de 668.950 dólares que fue pagado en su totalidad correspondiente al periodo 2009 -2014, poniendo fin a deudas contraídas por administraciones anteriores desde el año 2009, asegura tambien que el Décimo Sexto Contrato Colectivo que fue aprobado por un Tribunal de Conciliación y Arbitraje “con violaciones al debido proceso”, se encuentra desde el 2017 con una acción extraordinaria de protección, en la Corte Constitucional, en espera de su resolución.
Agregó que el Procurador General del Estado se ha pronunciado respecto de la validez de los contratos colectivos, afirmando que, si estos no cuentan con el dictamen del Ministerio de Finanzas y certificación presupuestaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 115 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, estos instrumentos no tienen ningún valor jurídico.
En ese marco, el prefecto considera que realizar un pago que no tenga orden de autoridad competente y que no tenga la liquidación pericial que exige la resolución del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje es inejecutable.
“En derecho público solo hacemos lo que está en la Ley, si no hay dictamen del Ministerio de Finanzas, los contratos colectivos se consideran inexistentes, carecen de eficacia jurídica y no surten efecto legal, por lo cual son inejecutables”.Bravo además, manifestó que este acto motivó a que la Prefectura de El Oro efectúe una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado por prevaricato e interponga una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional en contra del señor Alex Muñoz y a todos quienes dieron su voto favorable, “La directiva del sindicato de obreros debe de tener muy en claro las disposiciones legales para no desinformar a la ciudadanía y a sus propias familias”, finalizó el prefecto.
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